La falta de cobertura de los seis juzgados especializados en violencia contra la mujer, creados hace más de siete años, motivó un pedido formal en la Legislatura. La legisladora peronista Mariela Reyes Elías (Frente de Todos) elevó un proyecto de resolución que solicita al Consejo Asesor de la Magistratura un “tratamiento preferencial a los concursos realizados” para cubrir esos despachos de los fueros civil y penal. El objetivo es “contar en el menor tiempo posible con este instrumento”, al que consideró clave para “revertir los altos números de víctimas de la violencia contra la mujer en todo el territorio de la provincia”.
La iniciativa se remitió para su debate a la comisión de Protección de los Derechos de la Mujer y a la comisión de Asuntos Constitucionales e Institucionales. Ambos son dirigidos por el oficialismo. Reyes Elías planteó el proyecto de resolución sobre la base de la ley 8.967, sancionada en 2016 para establecer la puesta en funcionamiento de seis juzgados especializados en violencia contra la mujer (tres civiles y tres penales). Estos despachos, recordó la dirigente de Aguilares, deben “entender exclusivamente en denuncias de violencia doméstica”, en los términos establecidos por las leyes de Violencia Familiar; de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; y de adhesión a la Ley Nacional para la Protección Integral de las mujeres. Además, Reyes Elías destacó la vigencia de la Ley de Emergencia en Violencia contra la Mujer, sancionada por el Poder Legislativo también hace siete años.
“En la actualidad, los seis juzgados mencionados siguen sin ser cubiertos, siendo que se rindieron sus concursos entre septiembre y octubre de 2021”, advirtió la oficialista en los fundamentos de la propuesta. Y agregó que “desde el 1 de febrero de este año hasta la actualidad, fueron 10.259 pedidos de protección de personas en causas no penales”.
El control sobre la ruta 307, de acceso a los Valles, sigue bajo control para evitar el ingreso masivo de personas, como una para evitar la propagación de la covid-19 en la zona. Según se informó oficialmente, sólo permiten el paso a proveedores, a personas con domicilio en la zona y a otros con permiso oficial o exceptuados del aislamiento. Los controles se hacen de 8 a 21. Son efectuados por la Policía, el municipio de Tafí del Valle, las comunas de El Mollar y Santa Lucía. Ayer se sumaron integrantes de comunidades originarias, tras el acuerdo de colaboración que rubricaron el domingo pasado los ministerios de Seguridad y del Interior en el marco del Comité Operativo de Emergencia (COE). El convenio se formalizó durante una reunión realizada en la casa del cacique Santos Pastrana de Tafí del Valle. Se la organizó luego de los graves incidentes que se generaron durante el desalojo que, por orden judicial, ejecutó la Policía en el puesto de control ubicado en cercanías del puente Mendilaharzu, por la 307. Ahí 13 personas resultaron lesionadas con balas de gomas y dos fueron aprehendidas. El secretario de Grandes Comunas, Luis Campos, confirmó el reforzamiento de los controles y aclaró que si bien las comunidades podían y pueden participar en los controles de acceso a los valles, siempre lo tienen que hacer a modo de colaboración. Insistió en que la responsabilidad siempre tiene que ser de los jefes comunales por cuestiones jurídicas y de seguridad. “Los intendentes están facultados a integrar a la comunidad en los controles. Pero nunca a delegar responsabilidades propias de ellos”, apuntó.
Campos precisó que en el puesto de Santa Lucía, la comuna y la Policía también integraron a representantes comunitarios, los que le imprimen mayor rigor al control. “En el de Tafí del Valle están incorporados miembros de la comunidad local y de El Mollar. O sea que la situación se mantiene como antes del incidente, pero ahora dentro de un marco de trabajo más ordenado y riguroso”, explicó el funcionario. “Estoy molesta porque lo que ahora recién se hizo, se tendría que haber formalizado antes de que la Justicia nos atropellara. Yo no tendría que estar ahora detenida en casa con tres policías y mis otros hermanos tampoco. El Gobierno se ausentó en su momento y quedamos solos”, dijo molesta la cacica Margarita Mamaní en declaraciones telefónica a LA GACETA. “Así las cosas, me considero una presa política. No hay razones para estar privada de mi libertad”, remató.